LGBTI: minoría acorralada entre la violencia y la impunidad

15 de marzo de 2017

“Mira papito, mira aquí”, dice Dayana Torres, mujer trans de 24 años, y, de un tirón a la blusa, muestra el par de cicatrices que dejaron los impactos de bala.

“Mira papito, mira aquí”, dice Dayana Torres, mujer trans de 24 años, y, de un tirón a la blusa, muestra el par de cicatrices que dejaron los impactos de bala.

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El ataque, que le dejó el pecho con la marca de la violencia, sucedió en mayo del 2016, en Charallave, estado Miranda. Esa madrugada, luego de aguantar la rutina del ir y venir a lo largo de la cuadra “entaconada”, durante horas, un motorizado se detuvo a su lado y sin motivo alguno le disparó.

Cuando se le pregunta si denunció lo sucedido chasquea la lengua y su índice hace toc toc en la cabeza. “Tienes que cambiarte ese chip, oíste. ¡Por favooor, ¿para qué? ¡No nos paran bola!

Lo ocurrido a Dayana no es novedad para las otras chicas trans, término paragua utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo biológico de la persona y la identidad de género que tradicionalmente se le asigna. Nacen hombres o mujeres, pero se sienten mujeres u hombres. Varias ya han tenido sus experiencias en la misma la zona que comparten en su trabajo nocturno.

“No hay día en que no seamos atacadas de alguna forma. Nos gritan groserías, nos lanzan botellas y piedras; hay palizas y hasta tiros”.

Dayana entrecierra los ojos y divisa una patrulla a unos 20 metros del lugar donde conversa con el periodista. Comenta que se siente más segura y protegida con sus clientes que con los policías.

La patrulla policial se acerca, despacio, con las luces apagadas. Baja la ventanilla del copiloto y desde el interior del vehículo lanzan un objeto que cae a dos metros del objetivo. Una explosión y luego un zumbido. Los fuegos artificiales tipo Bin-Laden o King Kong están prohibidos, arrojar a alguien uno de estos artefactos puede ser letal, pero a esos policías poco les importó. Así se divierten los agentes de la ley con las “locas”.

“La justicia calla y es cómplice”, afirma la diputada Tamara Adrián, doctora en Derecho, profesora universitaria, activista por los derechos de las personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) y redactora del  Informe sobre Diversidad e Igualdad a Través de la Ley (Diverlex), presentado en 2011 para el Examen Periódico Universal Derechos Humanos a las Naciones Unidas en Ginebra.

El estudio resalta que “existe una tendencia al aumento de la violencia policial y de la Guardia Nacional contra las personas LGBTI”. Señala que  “más del 50% de las lesbianas y gays consultados para este informe declaran haber sufrido violencia o maltrato policial. En el caso de las personas trans, el porcentaje aumenta a 83%”.

En entrevista realizada en su despacho, la activista reiteró que a cinco años de presentar el citado informe, que incluye recomendaciones al Gobierno nacional, son casi nulos los avances para evitar la discriminación y la violencia contra la población LGBTI.

LGBTI Delitos de Odio

LGBTI Delitos de Odio

Con sello de origen

Justificar la paliza dada al “sinvergüenza”, la burla y la ofensa que suelen darse con “normalidad” a las personas trans, ha creado un clima de complicidad ante discriminación y la violación de los derechos humanos de estas víctimas.

La población LGBTI es invisibilizada, según Adrián. No están contemplados programas salud ni de rehabilitación para estos ciudadanos en situación de abandono, y son excluidos de las misiones sociales de vivienda y alimentación por prejuicios morales de los administradores de estos programas. “En Venezuela no se cuenta con estadísticas demográficas ni socioeconómicas del sector, mucho menos de cifras oficiales de delitos de odio por orientación sexual, cuando tampoco las hay de criminalidad en general”,  afirmó.

La parlamentaria explicó que una agresión o un homicidio cometidos por discriminación sexual, religiosa o racial deben tener una pena mayor. “Se trata de penalizar como un delito independiente, en este caso, el sexismo, la misoginia, la xenofobia o la homofobia. Es decir, además de la pena específica, se acumula la de otro delito”.

Como en la legislación venezolana no existe tal tipificación, la violencia homo-lesbo-transfóbica no se refleja en ninguna estadística policial o judicial. Los delitos contra la población LGBTI son una cifra negra. Adrián detalla que los asesinatos son clasificados como “crímenes pasionales” y basta que durante la perpetración del delito haya sustracción de algún bien de la víctima para que se etiquete con el móvil de hurto.

De acuerdo con una investigación realizada por el Observatorio de Personas Trans de la red de activistas Transgender Europe, publicada en su portal web (www.http://tgeu.org), entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2016, fueron asesinadas en Venezuela 110 personas trans. La cifra ubica a Venezuela en el tercer lugar entre los países con mayor cantidad de asesinatos por odio en Latinoamérica, sólo por detrás de Brasil (900) y Colombia (114).

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), organización no gubernamental miembro de la Red LGBTI de Venezuela, también maneja sus cifras. En el Informe Venezuela 2015: Crímenes de odio por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, refiere que entre mayo de 2013 y mayo 2015 se registraron 47 delitos de odio, desglosado en 29 asesinatos y 18 agresiones.

El documento refleja la crudeza de los crímenes: luego del impacto de bala (44,8%) y apuñalamiento (10,3%) para cometer el homicidio, la tercera acción para asesinar a estas personas fueron la golpiza brutal y los golpes con piedra (6,9%). El resto de los ciudadanos LGBTI fueron asesinados por degollamiento y golpes con objetos contundentes, como  tubos, y a martillazos.

Sobre los resultados de las investigaciones, y el correspondiente castigo de los culpables, ACCSI apunta que se desconoce el estatus de 28 y sólo uno culminó con “éxito”. Fue el de Miguel Ángel Aquino (21), joven transexual asesinado por Gualberto José Suárez Vásquez (33), funcionario activo del Cicpc. El detective mató a “Jade” -como se hacía llamar Aquino- por el alto precio que le cobraba por su compañía.

 

Con el miedo como sombra

Las chicas trans son la población más vulnerable de la comunidad LGBTI. Además, afrontan altos grados de impunidad. Se inhiben de presentarse como víctimas por temor a la discriminación, por descrédito de los cuerpos policiales y por la ausencia de instituciones a las cuales acudir. Ellas caminan por las noches con un redoblante en el pecho.

Pero los actos de violencia no solo se limitan a las chicas. Aunque con menor incidencia, los hombres trans también son blancos de ataques.

Andrés Rodríguez, estudiante de 20 años, contó su experiencia. “Salí de una cita médica en Chacaíto e iba por la calle, distraído con los audífonos. Pasé frente a un bar a eso de las 5 pm y un hombre me tiró un beso. De repente me alcanzó corriendo, me empujó y metió su mano en mi pantalón. Afortunadamente logré liberarme y huir de allí. La pasé muy mal durante mucho tiempo. Ni siquiera puse la denuncia… para qué, si los policías son unos inútiles en estos casos”.

Tamara Adrián indica que los chicos trans son “casi indetectables”. Lo percibe como un síntoma de machismo, por lo que existe más aceptación de hombres trans que de mujeres.

Sobre las razones que frenan la admisión de los delitos de odio en el país, Adrian indica que, además de la no tipificación legal, hubo una serie de restricciones a la participación de las ONG y organizaciones de derechos humanos en investigaciones criminales y procesos penales, y se limitó ese derecho exclusivamente a la Defensoría del Pueblo.

Para levantar los registros y estadísticas se recurre a investigaciones particulares fundamentadas en lo que se publica en los medios de comunicación. Adrián subraya que esas notas no bastan. “Hay un vacío de información oficial específica sobre los delitos de odio, de crímenes contra la mujer, por motivos raciales y contra la comunidad LGBTI”.

 

Violencia institucional

Ese vacío informativo es cubierto por las publicaciones de las organizaciones adscritas a la Red LGBTI de Venezuela que muestran como el irrespeto, la intolerancia y la incitación al odio contra la población LGBTI es manifestada de forma pública y privada tanto por ciudadanos de a pie, miembros de cuerpos policiales, personeros de la esfera política y en funciones de gobierno.

No se trata ya de los crímenes, de los asesinatos con saña. El informe de ACCSI cita 18 casos de agresiones, de burlas crueles, insinuaciones y señalamientos, entre otras manifestaciones discriminatorias.

La mayoría (66,7%) de las protagonistas de estas situaciones, resalta el informe, fueron “altos funcionarios, quienes tienen la obligación constitucional de garantizar los derechos humanos en nuestro país”. La ONG identifica al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien ostenta 11% de las agresiones. ACCSI precisa que aunque el  destinatario no es parte de la comunidad LGTBI, las alusiones del Presidente, en cadena nacional, para descalificar a un adversario político, fueron expresiones abiertamente homofóbicas.

Otros jerarcas que comparten el cuadro son los entonces presidentes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de la Comisión Nacional para la Reforma Policial, el editor de un desaparecido medio de comunicación social y el secretario general de un partido político de oposición.

En Venezuela, incluso, la discriminación homofóbica es televisada. ACCSI registra la transmisión de un micro transmitido en marzo de 2014 por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV) en el que “usa la homosexualidad como forma de burlarse de los opositores del gobierno”.

 

El desinterés del Estado

La diputada Adrián expresa el reclamo por la deuda que tiene el Estado en materia legislativa y de políticas públicas con la comunidad LGBTI.

Sostiene que hay cuatro factores que explican la transfobia por parte del Estado y la resistencia al reconocimiento, respeto y tolerancia a la diversidad sexual: “El excesivo militarismo, el peso de las iglesias evangélicas en el movimiento chavista, el desprecio por los derechos humanos y el pensamiento único mediante que sustentan las bases de la estructura de dominación. No entienden de diversidad”.

Constitucionalmente todos los ciudadanos venezolanos son iguales ante la ley, no existe discriminación por motivo de orientación sexual y penalmente no están tipificados los crímenes  cometidos por esta razón, pero la realidad choca contra estos enunciados legales: los delitos de odio proliferan en Venezuela. Agazapados, tras la burla abierta o el gélido silencio, y en la crueldad de la paliza o en el zumbido de las balas que multiplican las tumbas de las víctimas de la intolerancia.

 

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